Televisiones públicas: un bolsillo roto

“El Derecho de Información consagra un derecho doble; por un lado, el derecho a comunicar la información y por otro el derecho a recibirla de manera libre, en la medida en que la información sea veraz. El objeto de este derecho es el conjunto de hechos que puedan considerarse como noticiables y alcanza su máxima expresión cuando se refiere a asuntos que son de interés general, por las materias a que se refieren y por las personas que en ellos intervienen, y contribuyan, en consecuencia, a la formación de la opinión pública”. A partir de esta definición podemos plantearnos hasta qué punto este derecho implica que habiendo una cadena pública estatal, las 17 autonomías además, tengan que ofrecer a sus ciudadanos información a través de radios y televisiones regionales como un servicio más imprescindible del estado de bienestar, cuando se ha demostrado que son empresas deficitarias y un lastre absoluto a la hora de cuadrar los presupuestos. Mientras no se sabe de dónde más recortar porque la crisis nos asfixia –aunque se nos ocurren varias ideas-, los españoles seguimos financiando con nuestros impuestos la sangría de estas cadenas que ningún gobierno se atreve a cerrar.

Viendo el presupuesto con el que cuentan este año: Cataluña (TV3), 300 millones de euros; Andalucía (RTVA), 232 millones de euros; Comunidad Valenciana (RTVV), 183 millones de euros; País Vasco (EITB), 177 millones de euros; Madrid (Telemadrid), 132 millones de euros; Galicia (CRTVG), 121 millones de euros; Castilla-La Mancha, 64 millones de euros; Baleares (IB), 57 millones de euros; Aragón, 56 millones de euros; Asturias y Canarias, 39 millones de euros; Murcia, 36 millones de euros; y Extremadura, con 32 millones de euros, nos planteamos la viabilidad del modelo inglés de la BBC. Cada ciudadano inglés paga una licencia anual de 145 libras (aproximadamente 176€) para poder tener acceso a ver la cadena pública. Esta cuota les permite disfrutar en abierto de series, películas, programas o competiciones deportivas que en opinión de la gran mayoría, son de gran calidad. Una situación que nos despierta cierta envidia porque en el caso español es cuestionable la excelencia de los contenidos que se emiten.

Hacer televisión es muy costoso y a la vista está que tras la concesión de centenares de licencias digitales muchos proyectos de iniciativa privada que empezaron con gran ilusión y una fuerte apuesta, han fracasado viéndose obligados al cierre ante su inviabilidad financiera.

Otro aspecto a tener en cuenta, es la absoluta deslealtad en cuanto a la competencia publicitaria que las televisiones públicas presentan con respecto a las particulares.

Por último, las plantillas y los costes se han sobredimensionado y la prueba más evidente son los ERE que se están ejecutando en la mayoría de casos y la merma que sufren en su partida presupuestaria anual, además de acumular unas deudas desorbitadas que tardaremos muchos años en saldar.

Es hora de que nos planteemos una alternativa ante una situación insostenible. Podríamos comenzar por apoyar a las empresas privadas y aprovechando la coyuntura, no solo a las del sector audiovisual…

 

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